Según el Alto Tribunal se estaba contradiciendo dicha directiva europea, la cual reconoce el derecho de las familias internadas en espera de expulsión a que se les facilite alojamiento separado que garantice un grado adecuado de intimidad. Sin embargo, en nuestra normativa tan sólo se planteaba la estancia separada para familias como una posibilidad y no como una obligatoriedad de la administración.
Además, según el Tribunal Supremo, no solo se estaba contraviniendo la Directiva Europea, si no también lo dispuesto en la propia ley de Extranjería del año 2000, en aspectos tales como permitir los registros personales incluso con desnudo integral. En este sentido se establecían dos supuestos diferenciados: por razones de seguridad o por existencia de motivos que hiciesen creer que el interno pudiera esconder objetos o sustancias prohibidas.
