Este limbo legal, fue consecuencia de la publicación de la nueva ley en el BOE del 13 de julio, y que entró en vigor el pasado 15 de octubre. Inexplicablemente, no se había previsto que era indispensable, tal y como establece la nueva Ley 19/2015, la aprobación inmediata de su reglamento, sin el cual no hay cauce formal para pedir la nacionalidad, ya que es en ese texto en el que debían constar todos los trámites y requisitos.
Ante este panorama, se facilitaron unos formularios que la propia página web del Ministerio de Justicia, calificaba como documentos pendientes de aprobación.
El problema consistía en que los referidos formularios y cualquier solicitud que en ellos se formulara resultaban nulos de pleno derecho, ya que en ellos se hacía referencia expresamente a un real decreto que todavía no existía.
A día de hoy, podemos decir que la situación ha vuelto a la normalidad.
