Si un extranjero realiza una conducta tipificada como muy grave, se le podrá aplicar, en vez de una multa, la expulsión del territorio español.
En la mayoría de los casos, la expulsión de extranjeros del territorio español se produce cuando estos se encuentran de manera irregular en el territorio, porque no han obtenido o tienen caducada la autorización de residencia; por participar en actividades contrarias al orden público, o por pretender entrar de manera ilegal en España.
Cuando se inicia un procedimiento sancionador, hasta la resolución definitiva de la expulsión, el Juez impone unas medidas cautelares para asegurar la resolución final. De manera habitual, el Juez pedirá una presentación periódica del extranjero ante las autoridades competentes; que resida obligatoriamente en un lugar determinado para mejorar su vigilancia; retirarle el pasaporte o documento de identidad; puede darse la detención cautelar, el internamiento preventivo, o cualquier otra medida que el Juez estime oportuna y adecuada.
La expulsión constituye una serie de efectos por un tiempo determinado. Así, la prohibición de entrar en territorio español tendrá una vigencia no superior a cinco años, pudiendo ser menos atendidas las circunstancias del caso. Si el extranjero expulsado supone una amenaza grave para el orden público, la seguridad pública, o la seguridad nacional, el plazo máximo de la prohibición de entrada podrá ser de hasta diez años.
